Comunidades mantienen una relación conflictiva con la empresa china por varias razones
Desde 2015, cuando empezaron las primeras protestas en contra de la minera MMG las Bambas, hasta ahora las comunidades mantienen una relación conflictiva con la empresa china por varias razones. Lo que pasa ahora en Challhuahuacho ya lo vimos varias veces en 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 y 2022. Desde aquellos años el Estado sigue actuando con vocación de bombero.
Cuatro comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, iniciaron en septiembre de 2015 una huelga indefinida que desencadenó en enfrentamientos con la Policía. Hubo tres fallecidos, casi 30 heridos y varios detenidos, muchos de los cuales siguen siendo procesados penalmente. Después la protesta fue provincial.
Era el último año del gobierno de Ollanta Humala que tuvo que intervenir para resolver el conflicto. Lo único que hizo fue, sin embargo, como los sucesivos gobiernos, firmar actas de compromisos y olvidarse de ellas.
Las comunidades de Quehuira, Choquecca Antuyo, Allaua y Pumamarca reclamaban a la minera Las Bambas el pago por el uso de sus terrenos para construir el corredor vial. Habían usurpado sus tierras sin autorización ni pago de justiprecio. Luego se sumaron Arcospampa Congota y otras agrupaciones comunales. Un problema que subsiste hasta hoy en decenas de comunidades por donde pasa esta carretera que es usada por Las Bambas para sacar los minerales hacia Pillones.
Mientras que los gremios distritales y provinciales cuestionaban el impacto ambiental y las modificaciones al proyecto inicial de la mina Las Bambas que no consideraba ni el corredor minero ni las plantas de procesamiento. MMG, tras comprar la mina a Glencore, anuló varios componentes principales -entre ellos el mineroducto- sin implementar la consulta previa.
Un año después, en octubre de 2016, la protesta resurgió porque ninguno o muy pocos compromisos se concretaron. Entonces, las cuatro comunidades volvieron a protestar con el bloqueo del corredor minero del sur. Los comuneros abrieron zanjas enormes en la vía que estaba dentro de sus territorios. Nuevamente hubo enfrentamientos y murió un campesino.
El entonces vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, acudió con una comisión de alto nivel y logró suspender el conflicto con la promesa de que el gobierno invertiría más de 900 millones de soles en obras a favor de la población y que empezaría un proceso de compra de terrenos comunales por donde pasa el corredor vial.
Desde 2016 hasta el 2020, algunas comunidades recibieron pagos por sus tierras por más de 20 millone de soles en conjunto. Inclusive a Arcospampa Congota sus exasesores, los hermanos Chávez Sotelo, les embargaron sus cuentas por más de S/2 millones a fin de cobrar por sus servicios.
En 2019, durante un nuevo conflicto social de la comunidad de Fuerabamba con Las Bambas, los hermanos Frank y José Martín Chávez Sotelo fueron detenidos y enviados a prisión preventiva en el penal del Cusco, sindicados como cabecillas de la organización criminal Los chavelos, que se dedicaban presuntamente a extorsionar a la empresa minera Las Bambas.
Según la fiscalía, los abogados captaron a presidentes de comunidades campesinas para, luego, solicitarles pagos por su asesoría legal. En el caso hay audios en los que se oye a los hermanos Chávez Sotelo coordinar acciones de protesta para presionar a la minera y el gobierno a que cedan a sus pedidos. En 2017, fueron ellos los impulsores de la protesta de varias comunidades del corredor minero del sur, que reclaman el pago del justiprecio por el uso de sus tierras para el paso del corredor vial.
Actualmente los asesores comunales tampoco contribuyen a que se busque una salida dialogada al conflicto. Todo indica que han generado sobre expectativas en sus asesorados sobre beneficios económicos que pudieran recibir.
UNA HISTORIA CONOCIDA
La historia comienza a repetirse. Seis comunidades protestan en contra de Las Bambas a la que acusan de incumplir sus compromisos asumidos en años pasados. La minera lo niega. Pero no hay transparencia en el manejo de los datos. Y es que los acuerdos y convenios suscritos entre comunidades y la minera tienen una cláusula de confidencialidad, lo que impide conocer cuánto se ha cumplido y qué falta concretarse.
Lo que sí salió convenientemente al público en días pasados son los pagos que recibieron los comuneros y las comunidades que actualmente protestan como pago por ceder sus terrenos a favor de MMG Las Bambas. Son montos millonarios pagados por la minera a pobladores y comunidades por desprenderse de sus propiedades.
CONFLICTO SIN SOLUCIÓN
Lo último que se sabe es que el diálogo es cada vez más difícil de conseguir. El gobierno amplió el estado de emergencia en Fuerabamba y Coyllurqui por otros dos meses más. Las comunidades no dan su brazo a torcer. La mina sigue paralizada desde hace casi 50 días y los trabajadores empezaron a ser despedidos o pasaron a la fila de aquellos con suspensión perfecta.
Hubo y habrá marchas en Cusco, Arequipa y Lima en contra del gobierno que ha sido incapaz de resolver el conflicto social.
A esto hay que sumarle que la comunidad campesina de Antuyo, del distrito de Tambobamba, decidió, el sábado pasado, sumarse a la protesta contra Las Bambas y acordó dejar sin efecto el acuerdo para la autorización de actividades de exploración y conexas en su territorio por incumplimiento de compromisos.
«Que a partir del día 30 de mayo del 2022, la empresa minera Las Bambas deje de realizar las actividades de exploración dentro del terreno de la comunidad campesina de Antuyo», señala el acuerdo de la asamblea comunal. (Pulso regional)
