En un real match entre el tribunal constitucional y la corte de derechos humanos, se ha convertido la decisión del último bastión de competencias de normas de nuestro país, nos estamos refiriendo al TC institución que vuelve a poner en debate su posición tras volver a liberar al expresidente Alberto Fujimori, a 05 años de su fallo y vuelta a la cárcel por decisión de la corte interamericana.

Contra la decisión de un juez de no acceder a ordenar el excarcelamiento del líder del fujimorismo, por no tener competencias, según afirmó, lo que fue considerado de desacato, por lo cual se ganó una llamada de atención, el TC accedió a confirmar su sentencia por solicitud de la defensa del exmandatario y decidió contra viento y marea ordenar a las autoridades del Inpe su excarcelación.

Por cierto los abogados caviares de defensa legal del IDL y de las víctimas pusieron el grito en el cielo y amenazaron, que de ejecutarse la orden a favor de Fujimori, el tema tendrá consecuencias y el estado peruano tendrá que asumir una dura sanción por rebeldía, lo cual fue corroborado luego a través de un comunicado por la CIDH lo que deja sin piso al TC y a defensores del interno.

Para la justicia supranacional representada por la CIDH el inculpado Fujimori no cumplió con los presupuestos que exige un indulto humanitario, que demanda para que la excarcelación sea factible que el inculpado esté en grave estado de salud, es decir con una patología terminal, lo cual no se ha cumplido, porque transcurrido un lustro de la primera decisión del TC permanece estable.

Contra esto, el TC aduce que las decisiones del gobierno nacional no permiten injerencia del ámbito internacional porque los fallos de nuestro país gozan de autonomía jurídica, respecto al indulto humanitario sostienen que no requiere ninguna condición ni consultas previas porque quien ofrece esta modalidad de justicia es el presidente de la república que no está sujeto a nada.

Para otros, podrían ser medias verdades, pues según lo que afirman los defensores e ideólogos de izquierda, Alberto Fujimori debe pagar con su vida, hasta cumplir su condena total de 25 años, ya cumplió la cuarta parte, además aseguran que el expresidente jamás pidió perdón a las víctimas y tampoco pagó la reparación civil, contra esto, los fujimoristas señalan que no recibe su pensión.

De otro lado ayer se presentó a la comisión de fiscalización del congreso de la república la fiscal de la nación Patricia Benavides y rebatió todos los cargos que sostienen su involucramiento en el caso de chats cruzados por el asesor Jaime Villanueva con congresistas de diversos partidos, Benavides negó tener alguna responsabilidad señalando que no denunció a los “niños” por no tener pruebas.

En tanto el detenido se presentó a la audiencia de apelaciones y desistió de defenderse acatando los cargos que lo inculpan de negociación por votos a favor de la fiscal de la nación. Ella aseguró realizar una gestión muy transparente al frente del ministerio público, aunque se trata de dos escenarios distintos el político y jurisdiccional, se plantea inhibición del JNJ en el tema de la fiscal.

Al final un tema deportivo, no les parece una actitud antiética de la federación peruana de fútbol, despojar de su entrenador al equipo campeón que nos representará en la copa libertadores, lo más honroso sería que los dirigentes busquen reemplazo al técnico Juan Reynoso en el exterior, está claro que si el club realiza un bajo torneo sabrá que la FPF es su enemigo y le pasará factura.

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