Carlos Iván Landa kerschbaumer

Las asonadas con muertes que concluyeron con más de medio centenar de fallecidos y cuantiosos heridos, entre civiles y fuerzas del orden, tiene un precio en lo económico, habida cuenta que se afectaron bienes del estado durante la violenta incursión de revoltosos a instituciones y ornato público, lo cual ha sido valorizado tras la investigación fiscal con severidad contra los responsables.

Así las cosas, el principal responsable de los hechos es considerado Pedro Castillo Terrones, seguido de Aníbal Torres Vásquez, los cuales según hipótesis de los investigadores azuzaron a la población durante los denominados Consejos de Ministros Descentralizados, mediante los cuales crearon las condiciones para generar violencia y realizar actos vandálicos con insólito desenfreno.

Más allá del resultado que establezca a los culpables de los hechos en el operativo militar en defensa de la nación, y la responsabilidad del gobierno que pudiera haber, un importante testigo de los hechos resulta ser quienes representan a los bienes nacionales, pues se realizaron tomas de puntos estratégicos de agua, aeropuertos, comisarías, fiscalías y otros predios del Estado peruano.

Según se afirma, la denuncia pública, realizada supuestamente por el procurador del Estado, se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá hacer un estudio del costo de la reparación civil, la mejor prueba de esto, ha sido los embargos ordenados a los bienes de Pedro Castillo en Cajamarca y Aníbal Torres en San Isidro, por efectos del desenlace del golpe de Estado.

De tal modo que no bastaría las penas que se determinen contra los involucrados en hechos de rebelión contra el Estado, sino además están consideradas las consecuencias y las pérdidas millonarias de la que se ha visto afectado el país, que tendrá que reparar los daños, y quizá no alcance para lograr resarcir, de esta manera las autoridades ponen mano fuerte a la delincuencia.

Otro aspecto que se encuentra en investigación es el tratamiento que se dará al involucrado Pedro Castillo Terrones, reo en cárcel, con prisión preventiva, habida cuenta que el expresidente de la república solo posee predios rurales, pues antes de ser mandatario, vivía de su sueldo de maestro, caso contrario ocurre con Aníbal Torres, que posee importantes propiedades para asumir el costo.

Preguntados los especialistas en materia penal si el Estado toma en cuenta la realidad de cada involucrado en los hechos criminales perpetrados, tras el golpe de Pedro Castillo, que no logró ser consumado por la valentía de las fuerzas armadas y otros, señalaron que el Ministerio Público no considera el status social de quienes delinquen sino la afectación que sufre el país por los daños.

Este escenario podría repetirse si en los próximos días se perpetran atentados contra los bienes del Estado, tras la anunciada marcha de protesta alentada por la subversión a través de la militarizada fuerza extremista del Vraem, que tiene a la camarada Vilma como la vocera del otrora Sendero Luminoso, que llama a volver con asonadas en todo el país, no solo debe ser Puno, dice.

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