Reciben clases en precarias condiciones
En cuenta regresiva. Son casi seis años que 131 estudiantes, docentes y administrativos del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuanca esperan la buena gana de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac para que le devuelvan el presupuesto que les pertenecía y que fue utilizado en la implementación temporal de aulas y ambientes destinados al Colegio de Alto Rendimiento (COAR Apurímac) que funciona en dicha localidad.
Mediante Informe de Auditoria N° 005-2022-2-5333-AC “Ejecución de la obra: mejoramiento de los servicios educativos del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Chalhuanca”, la Contraloría encontró responsabilidad administrativa y penal en el entonces gobernador Wilber Venegas Torres y 12 funcionarios de su gestión por haber dado un uso distinto al presupuesto destinado a este centro técnico de estudios por 1 millón 175 mil 238 soles.
Según la Contraloría, funcionarios y servidores del gobierno regional dieron aplicación definitiva y diferente a los recursos destinados a la obra del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuanca por S/ 1 175 238.92, los cuales fueron utilizados en el Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac”, señala el informe.
Pese al tiempo transcurrido, las actuales autoridades y funcionarios regionales tampoco ha sido capaces de encontrar una salida a este problema, situación que pone en riesgo el licenciamiento del referido instituto afectando directamente a los jóvenes que estudian en las carreras técnicas de Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica y Mecánica Automotriz.
El informe da cuenta que las autoridades de ese entonces se comprometieron conjuntamente en ir mejorando gradualmente la infraestructura y adquisición de equipamiento para el instituto ya que este contaba con su propio presupuesto, sin embargo, nada de esto se cumplió perjudicando el servicio educativo que debió brindarse a los estudiantes.
Respecto al exgobernador Wilber Venegas, la Contraloría recomendó el “inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el presente informe conforme al marco normativo vigente y aplicable”
Asimismo, señala “poner en conocimiento de la Procuraduría pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Apurímac, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados, la cual tiene connotación penal conforme a lo revelado en el informe”.
Los exfuncionarios comprendidos y a quienes deben iniciarse las acciones administrativas y penales respectivas:
Wilber Venegas Torres (Exgobernador); Gonzalo Carbajal Zegarra (Gerente Subregional Aymaraes); Edwin Pinto Sulca (Gerente Subregional Aymaraes); Ángel Prado Aquise (Subgerente de Obras); Alcides Cano Triveño (Responsable Oficina Infraestructura); Julio Ayque Rojas (Supervisor de Obras); Jorge Tello Gutiérrez (Inspector Obra); Julio Caro Medrano (Inspector de Obra), entre otros más.
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