Familiares de víctimas desaparecidas durante violencia política en Apurímac
Profesionales especializados de los CSMC Allin Kawsay de Curahuasi, Qhali Kay de Abancay, brindaron acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas desaparecidas durante la violencia política de 1980 al 2000. Actividad que se desarrolló en las diversas diligencias de ubicación, registro, exhumaciones y recuperación de restos óseos humanos y elementos asociados que presidió la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo del Distrito Fiscal de Apurímac.
Las diligencias se realizaron los días 17 y 18 de agosto del presente año, en el auditorio de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde participaron las instituciones mencionadas, junto a los familiares de las víctimas.
El miércoles pasado los especialistas de los centros de Salud Mental Comunitario: Allin Kawsay y, Qhali Kay, acompañaron a los familiares, brindándoles soporte emocional, que permita disipar el impacto de recuperar los restos óseos de las víctimas del periodo de violencia.
Hoy jueves, también este equipo de trabajo estuvo cerca a los familiares, al momento de la restitución de los restos óseos humanos. Actividad que desarrolló la Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nuestro compromiso desde la DIRESA Apurímac es brindar el acompañamiento Psicosocial, para que los familiares puedan expresar y canalizar sus emociones y sentimientos.
Los especialistas de salud mental de los CSMC intervienen a través de psicoterapias e intervenciones individuales y familiares a los deudos dándoles soporte emocional para que puedan expresar y canalizar sus emociones y sentimientos.
El dato
Los trastornos mentales que prevalecen en las víctimas de conflicto armado interno son depresión, estrés post traumático, ansiedad, dependencia al alcohol y tabaco, maltrato y violencia familiar.
Debemos recordar que la Región Apurímac es considerada una región con mayor afectación durante el periodo de violencia política, entre el período de 1980 al 2000, actualmente hay 13,308 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas y 186 comunidades registradas por alta afectación.