Los peruanos se encuentran atónitos por tener a un mandatario como Pedro Castillo Terrones, blindado por todos los lados, y esto ocurre porque los constituyentes de 1993 no previeron que podría existir un funcionario de primer nivel en el Estado, que aprovechándose de su cargo hiciera tabla rasa a los derechos de los ciudadanos, a quienes meten a la cárcel sin ninguna prerrogativa.

El artículo 117 de la carta magna de 1993 indica que solo puede desaforarse al presidente de la república por faltas graves como traición a la patria, disolución del congreso, no convocatoria a elecciones, cualquier otra acción que constituyan delitos como crímenes, violaciones, hurtos, etc., que confinaría en la cárcel a cualquier ciudadano, no alcanza al primer mandatario de la nación.

Los opositores del régimen se han pasado todo el tiempo en pelear contra el oficialismo y sus incondicionales, sin detenerse a reformar la constitución política, principalmente en lo que atañe al artículo 117 de la constitución, pues es una piedra en el zapato para los legisladores que buscan que exista equidad en la ley y que el presidente cumpla con condenas como muchos ciudadanos.

El país seguirá siendo ingobernable, mientras ocurran personajes como Castillo Terrones que se niegan a colaborar con la justicia, cada vez que es convocado para que responda a los interrogatorios, que lo sindican como cabeza de una organización criminal, por lo contario aplica como arma, la confusión, ante escenarios populares de escaso raciocinio y/o clientelismo político.

Para ejecutar su plan de torcer la verdad, Castillo ha encontrado en un puñado de abogados, que dentro del régimen o fuera de este, orquestan demandas que constituyen tinterilladas legales, que al llegar a las instancias superiores son rechazadas por incoherentes, empero la idea es ganar tiempo, para que las demandas que recibe el régimen oficialista se distraigan en cortinas de humo.

Los opositores al gobierno que son parte de la representación nacional, y responden a sus pueblos sobre las acciones que realizan para justificar su elección, con mucho rechazo popular, han demostrado incapacidad para revertir el abuso desde el poder, sus iniciativas por vacar al presidente han sido vanas, pues sus argumentos no han logrado seducir a todos los legisladores.

Hoy los parlamentarios tienen nuevas oportunidades que le ofrece la fiscalía de la nación, la responsable de perseguir el delito de manera oficial, la cual a través de sus expertos ha logrado consolidar indagaciones, que requieren continuarse para tener la condición de preparatorias, para ello el congreso de la república deberá interpretar el artículo 117 en búsqueda de una salida clara.

En tanto, deberá realizarse una reforma constitucional, para lograrla se requieren dos legislaturas, empero más allá de esto, la fiscalía de la nación ha encontrado una llave para generar una denuncia constitucional, remitirse a la convención internacional contra la corrupción, suscrita por nuestro país y que alcance al presidente actual, para ello se realizará un intenso debate político.

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