“Queremos hacer control itinerante, acercarnos a los pobladores que no pueden llegar a los órganos de control en busca de justicia”, sostiene Ulises Yaya Zumaeta
Con el objetivo de atender las quejas de los usuarios judiciales de zonas alejadas del país que por su condición de personas en situación de vulnerabilidad tienen limitación de movilidad y/o restricciones económicas, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ulises Yaya Zumaeta, emitió hoy en la ciudad de Huamanga en el marco de la visita judicial ordinaria que se realiza en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, la Resolución N° 061-2023-J-OCMA/PJ que institucionaliza el proyecto “La queja que mejora la justicia”.
“Mediante este proyecto ‘La queja que mejora la justicia’ queremos hacer control itinerante, acercarnos a los pobladores que no pueden llegar a los órganos de control en busca de justicia”, sostuvo Yaya Zumaeta al presentar dicho documento a los jueces/zas de la citada Corte Superior de Justicia.
Este nuevo procedimiento tiene por objetivo desarrollar una línea de acción móvil que permita el desplazamiento de las Unidades de Defensoría del Usuario Judicial de la OCMA y de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (Odecma).
El documento precisa que los órganos de control deberán desplazarse de sus instalaciones a los lugares más alejados del país, para que acceda el usuario judicial que pretenda formular una queja o reclamo por la desatención en el trámite de su proceso judicial o por una conducta disfuncional del juez/a o servidor/a judicial.
La resolución dispone que las Odecma implementen y ejecuten el citado proyecto a nivel nacional, para lo cual deberán observar la Guía del Proyecto “La queja que mejora la justicia”, que contiene las disposiciones para su desarrollo.
Cabe destacar que el Poder Judicial cuenta con instrumentos normativos que permiten el acceso y pleno goce de los servicios que brinda a las personas que por circunstancias sociales, económicas, geográficas o culturales, se encuentran en dificultad para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico; razón por la cual el jefe de la OCMA promueve su inmediata implementación.
