La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formuló denuncia constitucional contra el expresidente de la república Martín Vizcarra Cornejo y la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler, a dichos personajes se les imputa el delito de concusión por haber utilizado sus cargos para su provecho personal, sin importarles el bien común, lo que llevó a ser primeros en vacunarse de manera ilícita.

El caso de la pandemia, donde murieron 200 mil peruanos por la impericia de manejar la situación, aún tiene las heridas abiertas ante la inacción de las autoridades de justicia que no reaccionaron a tiempo y peor que esto, utilizaron el poder para beneficiarse ellos y sus familiares, cuando todo el país sufría la infección de un virus letal y que la única manera de salvarse era la pronta vacunación.

Esto lo supo el gobierno desde un primer momento por eso coordinó con los especialistas de la Universidad Cayetano Heredia para que sus laboratoristas inocularan a los más importantes funcionarios del Estado, entre ellos además de Vizcarra y Mazzetti se sumaron miembros de la cancillería y de portafolios, además de funcionarios de salud y de otras instancias del nivel central.

En el colmo de la audacia y la peor decisión Vizcarra Cornejo, extendió la vacunación a su esposa e hijos y otros familiares, lo cual demuestra la poca vergüenza del exmandatario y lo poco que le interesaba la suerte de la salud de los pobladores del país, el tema corrió como “reguero de pólvora” teniendo que intervenir la Controlaría General de la República para denunciar los hechos.

Lo inexplicable es que el gobierno tardó mucho tiempo para adquirir la vacuna que podría haber puesto a buen recaudo a los afectados, mientras esto ocurría, iban sumando más víctimas por efectos del virus, ni el uso de mascarillas que se ordenó su uso, antes de la vacuna, pudo evitar la propagación de la infección, porque el virus se introducía en los hogares por sus propio miembros.

Fue terrible comprobar, que el propio gobierno generaba trampas para que la población no se enterara que se utilizaban dos estadísticas, una falsa que era la que el presidente Martín Vizcarra manifestaba a la opinión pública, en frecuentes conferencias de prensa y la otra real que la manejaban los investigadores, al tiempo de revelarse que lo que se venía diciendo era deleznable.

Las noticias que se difundían día a día, agobiaban duramente a la audiencia de los medios de comunicación y a los propios actores de los hechos, porque muchos familiares se encontraban hospitalizados en unidades de cuidados intensivos con riesgo a morir, de lo cual era responsable el gobierno por no proteger a la ciudadanía, al demorarse en adquirir vacunas y balones de oxígeno.

En tema fue tan grave, que se vinculó a la propia ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos como la protagonista de proteger a Martín Vizcarra a quien jamás le abrió una investigación, siendo el congreso quien tuvo la decisión de inhabilitar diez años al expresidente de la república para ejercer todo cargo público, a la fiscalía le quepa la resolución de denunciarlo y luego procesarlo.

El caso que es conocido como vacunagate arrastra además del expresidente de la república y a la exministra de salud a altos funcionarios se estima 446, incluso médicos, las víctimas de los hechos, sufrieron en carne propia la falta de previsión del presidente que alcanzó triste celebridad tras propiciar que el Perú presidiera las estadísticas de letalidad en todo el mundo por ser devastadora.