MANIOBRA ANTE VÍCTIMAS

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Carlos Iván Landa Kerschbaumer

Como infelices y huecas han sido tildadas por la oposición las declaraciones de la presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ofrecidas al diario El Comercio de Lima, respecto a lanzarle toda la responsabilidad a las fuerzas armadas y a la policía nacional de los lamentables hechos sangrientos producidos tras el golpe de Estado de Pedro Castillo que generó al menos 60 muertos.

Respecto a la responsabilidad que le atañe al gobierno, sobre las acciones militares y policiales y al propósito de desvincularse de los hechos sangrientos que ha generado malestar en los familiares de las víctimas, y una urgente reparación civil como en tiempos de la subversión de los ochenta, el almirante y congresista José Cueto le lanza los perros al gobierno por tratar de ponerse en offside.

Para el parlamentario de “Renovación Popular” José Cueto, quien preside la comisión de Inteligencia de su bancada, lo que quiere el gobierno es “lavarse las manos” habida cuenta que los presidentes de la república, cada vez que ocupan su cargo, según la constitución política del Perú asumen la condición de jefe de las fuerzas armadas y de la policía nacional, dice con coherencia.

En ese contexto, Dina Boluarte como mandataria no debe eximirse de sus obligaciones políticas, ella tiene que responder el encargo que le dio el país y la constitución, desde el primer día que asumió funciones, esto es, el 07 de diciembre del 2022, es responsable desde que emitió la primera resolución pública, y todas las que ha generado su mandato durante su gestión política.

El almirante Cueto, manifiesta contundentemente que en situaciones como la actual de protección del Estado y a los ciudadanos ante alguna amenaza violenta, las acciones son presididas por el gobierno nacional y ejecutadas por el comando conjunto de las fuerzas armadas, mientras cada arma militar realiza la logística que establece la emergencia, una situación tan clara como el agua.

Contra esto, el gobierno manifiesta su inocencia por considerar que el ejecutivo solo cumple una labor administrativa sin pasar de la palabra a los hechos, puesto que lo suyo tiene límites pues a decir por sus voceros, el gobierno solo genera las políticas gubernamentales y el marco jurídico para desarrollar acciones respecto al uso de las armas y de las normas que generan su regulación.

Empero, el gobierno, al verse acorralado, busca “echar lodo con ventilador” y lanza sus dardos contra los protagonistas de los sucesos, pues se culparía a los uniformados operativos, para citar un ejemplo, respecto a supuestos esbirros de los hechos luctuosos para pacificar al país .La CIDH afirma haberse cometido excesos contra manifestantes que habrían ultimado extrajudicialmente.

Por supuesto lo manifestado aún no ha sido corroborado por el Ministerio Público, y solo sería una presunción de lo sucedido en el teatro de operaciones, ocurrido en diversas regiones del país como Ayacucho; Cusco Puno, (Juliaca) entre los más obsesivos de hacer justicia por mano propia ante la desdicha de contar con un gobierno que los tiene abandonados y sin desarrollo a la vista.

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