El Perú se debate en un marco de inseguridad absoluta, los ciudadanos siguen sin protección a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno en varias jurisdicciones, que ocasionan protestas de comerciantes impedidos de vender más allá de la medianoche, lo que genera bajos ingresos y problemas con el personal, y la exigencia de revertir la medida por efectos económicos.
Mientras esto ocurre, la situación criminal, se le escapa de las manos al gobierno, toda vez, que los comerciantes que trabajan día a día por generar recursos para su familia, han tomado medidas límites, enfrentándose a la banda de delincuentes extranjeros que vienen extorsionándoles exigiéndoles cupos para garantizar su seguridad, lo cual ha generado violencia en nuestras calles.
El hartazgo de estar sometidos a tales exigencias económicas para trabajar en paz ha traído consecuencias como ataques a motos lineales de propiedad de sujetos extranjeros que fueron destrozadas por mano propia, a consecuencia de la ineptitud de la policía y del gobierno que está a cargo de decisiones operativas y políticas, así, ya existen varios grupos dispuestos a defenderse.
Esto ocurre en circunstancias que el gobierno nacional intenta poner paños fríos a la demanda de la población, respecto a los resultados de la lucha contra la criminalidad, más allá que el jefe de la PCM diga que el actual mandato ha logrado reducir el 30% de acciones delictivas por efectos de sus acciones, lo cual es muy cuestionable, no por gusto se pide la vacancia del ministro del interior.
Está claro que sacar los soldados a las calles, no ha sido una medida atinada por parte del gobierno de Dina Boluarte, la respuesta a esto, revela que las fuerzas armadas no están sostenidas por un soporte normativo, por lo cual sus aportes es solo de acompañamiento y resguardo, con lo cual su actuación no genera comportamiento similar a la PNP lo que empequeñece la decisión gobiernista
Tal parece que el ejecutivo solo ha querido asustar con el uniforme castrense de los soldados del ejército, con su tradicional casco y armamento, que no pueden utilizar por impedimento de la ley, salvo en los casos de fuerza mayor, los cuales siempre hay que prevenir para evitar víctimas innecesarias, la respuesta a esto que da el gobierno, estriba en la escasez de efectivos de la policía.
Esto se ha venido repitiendo una y otra vez por el premier Alberto Otárola, en cada ocasión, lo que le ha obligado a exigir aprobación de una ley que permita la convocatoria de jóvenes para ampliar la cobertura de policías y generar una nueva división, lo cual ha generado cuestionamientos por efectos de la capacitación a nuevos efectivos de manera breve lo que bajonea la decisión política.
Desde la primera vez que se habló del tema, las críticas se instalaron, en el sentido de que los nuevos efectivos que deberán pasar por un periodo de formación intelectual y operativa. Quienes no participan de la iniciativa fueron críticos y ex policías, por efecto de la diferencia de haberes e improvisación de ser lanzados a la cancha para participar en la lucha contra el crimen organizado.