14 junio, 2024

Carlos Iván Landa Kerschbaumer

Sin billete en mano, pero en busca de real gloria, diez competentes abogados constitucionalistas prestarán su expertiz a órdenes de la presidenta de la república Dina Boluarte Zegarra en busca de solucionar el intrincado momento que atraviesa el gobierno nacional que requiere mentes lúcidas para desentrañar la madeja de incongruencias e indefiniciones en que se halla atrapado este país.

Se trata de los juristas Ernesto Álvarez Miranda, Ernesto Blume Fortini, Alberto Borea Odría, Jorge Luis Cáceres Arce, Víctor García Toma, Carlos Hakansson Nieto, Aníbal Quiroga León, José Luis Sardón, Óscar Urviola Hani, Elizabeth Zea Marquina, abogados con pasado en el Tribunal Constitucional y defensa legal, puntales en sonados casos de relevancia y trascendencia jurídica.

Según la Resolución Suprema 079-2023-PCM, consignada por el diario El Comercio, Decano de la prensa nacional, el gobierno nacional de Dina Boluarte puso de conocimiento a la opinión pública la convocatoria de dichos profesionales del derecho como integrantes de la Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional al despacho presidencial.

La medida ha tenido reacciones positivas, respecto al bagaje de conocimientos de muchos de los integrantes de la comisión consultiva del gobierno, los cuales prestarán sus aportes en una labor política al lado del gobierno sin remuneración a la vista (¿trabajarán gratis?) pero con experiencia y destacados antecedentes profesionales dan un paso certero de asesorías para una valiosa tarea.

Como sabemos, la mayoría de los integrantes del colectivo legal mencionado son frecuentemente consultados por los medios de comunicación ante diversos temas de la agenda nacional, por lo cual se les califica como rostros conocidos y familiares, incluso dichos abogados han tenido oportunidad de ser convocados por el poder político para absolver diversas situaciones enredadas.

Preguntado el abogado constitucionalista José Luis Sardón ex miembro del Tribunal Constitucional sobre su participación en su nueva responsabilidad política indicó que uno de los temas importantes de su labor será asesorar al gobierno en materia de reforma constitucional, habida cuenta que existen temas pendientes que requieren analizarse para tomar las medidas correctas.

Entre las respuestas que ofreció el ex tribuno fue manifestar que el gobierno debe cumplir su mandato hasta el 2026 por ser una orden constitucional para lo cual la presidenta Dina Boluarte Zegarra prestó juramento, lo dicho sin embargo deberá ser consignado en el libro de debates de la comisión cuando se trate de tomar acuerdos, luego de instalarse la misma en un plazo de 10 días.

De otro lado, continúa en el debate el deterioro de las relaciones comerciales y de negocios entre Perú y México, tras el retiro del embajador por parte del gobierno peruano y la posición del gobierno de Manuel López Obrador con pésimo manejo en la política internacional, lo que permitió que el mandatario mexicano sea declarado persona non grata por el congreso del Perú.

Lo lamentable fue la matiz ideológica que estableció el tema, pues más allá de la posición de López Obrador, su similar nacional (Perú Libre y los caviares) se pusieron de su lado cuando tras la decisión de la comisión de relaciones exteriores que preside Maricarmen Alva se pasó al pleno donde ganó el bloque democrático defendió la posición del Perú, la izquierda actuó como foránea.

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