13 julio, 2024

La Organización Internacional Human Rights Watch (observatorio de derechos humanos)

Informe final. Human Rights Watch precisa que 39 de las muertes por la represión del Gobierno de Boluarte fueron por impacto de balas y en 34 casos fueron disparos en las partes superiores del cuerpo. Organización pide al Perú invitar a comisión de expertos internacionales.

En contraste con el accionar lento del Ministerio Público, el desinterés del Congreso y el intento de voltear la página por parte del régimen de Dina Boluarte, la organización internacional Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) elaboró un extenso y detallado informe sobre los asesinatos cometidos por el personal policial y militar durante los estados de emergencia decretados por el Ejecutivo con motivo de las protestas sociales.

La organización, con sede en Nueva York (Estados Unidos), sostiene en su informe que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional”.

También establece que “es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”.

Por lo mismo, instan a los representantes del Ministerio Público a “investigar a los agentes que dispararon”, pero también a sus superiores, incluyendo a las autoridades civiles.

El informe de Human Rights Watch se basa en entrevistas a más de 140 personas, entre testigos, familiares de fallecidos, agentes de la Policía, fiscales y autoridades. También revisaron más de 37 horas de videos y 663 fotografías, junto con las autopsias, informes balísticos, registros médicos, entre otra documentación.

PATRONES DE ASESINATOS

La Defensoría del Pueblo ha tenido un reporte diario de las protestas sociales y gracias ello sabemos con mayor nitidez que 49 de las muertes registradas fueron a causa de los actos de represión militar y policial.

Human Rights Watch precisa que, de estas 49 muertes, 39 se produjeron por impactos de balas de las fuerzas de seguridad. (El informe también descarta que los ciudadanos hayan utilizado armas letales, tal como pretendió inventar Dina Boluarte en una conferencia).

“En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch”, precisa el informe.

Otro aspecto que deja en evidencia la gravedad de lo ocurrido es la cifra de personas asesinadas que no participaban en las protestas. 15 de ellas eran solo transeúntes, 3 eran observadores y 3 estaban en el lugar de los hechos porque brindaban ayuda a los heridos.

“Sus muertes son indicios del carácter indiscriminado de la respuesta de la Policía y de las Fuerzas Armadas”, concluye Human Rights Watch.

La organización también revisó 34 autopsias de personas que fallecieron por impactos de bala. Los detalles dejan en evidencia un patrón de comportamiento de las fuerzas militares y policiales: hubo intención de generar graves daños, incluyendo la muerte.

En 14 casos, los disparos fueron en el torso. En 11 casos, fueron disparos directos a la cabeza. Otros nueve murieron por disparos por la espalda.

“Sus muertes muestran la naturaleza indiscriminada de la respuesta de la Policía y las Fuerzas Armadas”, subraya el documento de la organización.

Los ataques de las fuerzas militares, en el caso de Ayacucho, incluyeron el uso de rayos láser para apuntar con mayor precisión a las víctimas, según videos revisados y testimonios de los testigos directos de los crímenes del 15 de diciembre.

La gravedad de la respuesta policial y militar también queda en evidencia por los 125 civiles heridos de bala que reporta Human Rights Watch, organización que toma como referencia información del Ministerio de Salud y agrega que la cifra, incluso, podría ser mayor.

La ausencia de una cifra exacta se debe a que el Gobierno no ha tenido el interés en investigar los hechos para saber y explicar a los peruanos qué es lo que ocurrió. Así lo explica a La República César Muñoz, director asociado de Human Rights Watch para las Américas.

Sobre los fallecidos con balas, la organización hace el contraste al señalar que estos armamentos letales no se utilizaron contra los ciudadanos durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Lima.

DEFICIENCIAS FISCALES.

En cuanto a las investigaciones para dar con los responsables, el informe de Human Rights Watch encuentra serias deficiencias en el trabajo del Ministerio Público, por ahora a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Por ejemplo, hubo omisión del recojo de pruebas iniciales claves, situación que podría tener incidencia negativa en el resultado de la investigación.

“En algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar de los hechos ni recogieron casquillos de bala y otras evidencias. Los fiscales no ordenaron que se hicieran a militares y policías pruebas de absorción atómica, que detectan si una persona usó un arma de fuego, y deben realizarse en las horas siguientes a disparar”, precisa el reporte de la organización internacional.

En casos de Andahuaylas, la Fiscalía no organizó las autopsias antes de los entierros. En Ayacucho, no decomisaron las armas para las pruebas balísticas. En Cusco y Arequipa, los fiscales ni siquiera solicitaron las imágenes de video vigilancia.

Las deficiencias también alcanzan al Ministerio del Interior, que no asumió investigaciones internas para establecer responsabilidades. Ningún policía ha sido sancionado administrativamente por las arbitrariedades y los asesinatos.

Con todo, Human Rights Watch formuló una serie de recomendaciones y pidió al Perú invitar a una comisión de expertos internacionales que ayuden en las investigaciones que realiza el Ministerio Público, con el debido acceso a los expedientes, y que, además, elaboren un informe final sobre las violaciones a los derechos humanos.

RECOMENDACIONES AL PERÚ:

AL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE:

Invitar a una comisión independiente de expertos internacionales y otorgarle acceso a la información del Gobierno y los expedientes para respaldar las investigaciones de manera complementaria.

Abstenerse de utilizar a las Fuerzas Armadas para el control de multitudes.

Presentar proyectos de ley para derogar las normas que otorgan inmunidad a los policías que matan o hieren a personas.

A LA FISCALÍA DE LA NACIÓN:

Fortalecer las investigaciones sobre derechos humanos y asegurar investigaciones prontas, independientes y exhaustivas sobre los abusos de las fuerzas policiales y militares, incluyendo a sus superiores y autoridades gubernamentales.

Establecer un plazo breve para las diligencias de investigación urgentes, como el resguardo de la escena del crimen, la recolección de pruebas balísticas, la realización de autopsias, entre otros.

AL CONGRESO:

Cesar los esfuerzos para debilitar la independencia de la Defensoría del Pueblo y el sistema electoral nacional.

Modificar las leyes sobre el uso de la fuerza para cumplir con los estándares internacionales.

A LA POLICÍA:

Abstenerse de utilizar controles de identidad para dispersar protestas o intimidar a los manifestantes.

Abrir investigaciones internas sobre el uso inapropiado de armas letales y el hostigamiento y violencia policial contra periodistas.

A LAS FUERZAS ARMADAS:

Brindar plena cooperación a los fiscales en las investigaciones poniendo al personal militar a disposición de los fiscales para entrevistas.

Hacer una declaración de que las armas letales no deben usarse para defender edificios o propiedades, solo en defensa de la vida.

A LOS GOBIERNOS EXTRANJEROS:

Solicitar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales que lleguen a los más altos niveles de responsabilidad, incluidos la presidencia y los miembros del gabinete, así como los comandantes de las fuerzas de seguridad.

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