Se trataría de la madre del fiscal de Prevención del Delito, Edison Huarcaya Carazas

También está comprendida propietaria del inmueble donde funcionó esta dependencia del Gobierno Regional de Apurímac desde el 28 de febrero del 2019 por presunto delito de falsedad genérica.

Con fecha 10 de enero del 2022, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac mediante Disposición N° 01 contenida en el caso N° 1406015500-2020-132-0 reabrió la investigación inicialmente archivada por presunta negociación incompatible contra el gobernador Baltazar Lantarón y el exdirector ejecutivo de Pro Desarrollo Apurímac, Sergio Meza Alarcón.

Este caso se refiere a presuntas irregularidades cometidas en el alquiler del inmueble ubicado en la avenida Tacna N° 207 – Abancay, donde se instaló la mencionada unidad ejecutora desde el 28 de febrero del 2019 hasta fines de abril del 2020.

Según la reapertura de la carpeta dispuesta por el fiscal superior Williams Cáceres Torres, habrían elementos suficientes para el reinicio de la investigación y un nuevo pronunciamiento, toda vez que la primera investigación preliminar realizada por el fiscal provincial Arturo Ballón Segovia no tomó en cuenta varios indicios relacionados con la propiedad del mencionado inmueble apareciendo como arrendadora la madre del fiscal de la Prevención del Delito de Abancay, Edison Huarcaya Carazas.

“No se consideró que el contrato de arrendamiento se renovó mediante adendas incluso hasta el año 2020, siendo la primera adenda de renovación del 28 de agosto de 2019, cuando el fiscal Edison Huarcaya Carazas, ya era propietario del 87.5% del bien, lo cual es irregular, ya que después del 23 de mayo 2019 ya existía el impedimento de contratar con el Estado”, precisa la observación presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac, organismo que solicitó un nuevo pronunciamiento previa realización de actos de investigación.

En otras palabras, de acuerdo a la conclusión de la fiscalía superior para reabrir el caso, cuando se realizó el contrato de alquiler del inmueble en cuestión, el fiscal Huarcaya Carazas ya era propietario del mayor porcentaje de acciones y estaba impedido de efectuar contrataciones con el Estado debido al cargo que ocupaba.

De otro lado, cabe precisar, en el buscador de proveedores del Estado del MEF se visualizan nueve ordenes de servicios por la suma de S/ 10,000 cada una a nombre del proveedor Rosa Victoria Carazas Silva Vda. de Huarcaya con RUC N° 10097854888 y por el concepto de servicio de “alquiler de local institucional”.

Finalmente, el fiscal superior Cáceres Torres dispuso se emita apertura de investigación de diligencias preliminares en un plazo de 90 días (que deberá culminar aproximadamente a mediados de abril 2022) contra los denunciados, ordenando se realice el requerimiento del levantamiento del secreto bancario de los investigados, además se realice una pericia contable sobre el contrato de arrendamiento con el gobierno regional, entre otras, acciones más. (Tte. Titanka)

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