El nuevo código procesal penal, permite que los inculpados que son investigados o están en condición de procesados sean sancionados, aunque no respondan al interrogatorio, por tanto, a los fiscales que son los persecutores del delito, y a los jueces que acopian testimonios, les bastan las evidencias obtenidas en la investigación criminal, mediante aportes de colaboradores eficaces.
Vladimiro Montesinos, por ejemplo, el siniestro asesor presidencial del gobierno de Alberto Fujimori, la vez que fue interrogado por sus actos ilícitos, le dijo al juez, que se permitía guardar reserva y no declarar, al amparo a lo dispuesto, en la normativa vigente, está claro, que la norma ha sobrevivido a legislaciones, incluso anteriores al actual código procesal penal, y que se valida.
Ante este tipo de situaciones, existen técnicas que aplican tanto la policía como los poderes de justicia, en su tarea de perseguir el delito, tras agudización de las contradicciones, al momento de interrogar a los personajes que delinquen, cuando los efectivos capturan a las bandas delictivas, preguntan por separado a los integrantes, de manera que así pueden contrastar sus declaraciones.
En el caso de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, ocurre algo similar, los fiscales exigen que los inculpados se pongan a distancia de sus contactos, y peor aún si se trata de testigos que pueden aportar a la investigación, pues corren el peligro de cambiar sus versiones ante cualquier amenaza, para lo cual existe la figura de testigos protegidos, como todos sabemos.
En Brasil como en Perú existe la delación premiada, lo que significa, que aquellos personajes que integran alguna organización y han cometido delitos, y requieren ser rebajadas sus penas, pueden presentar testimonios y aportar evidencias, allanándose con informaciones que procuren pistas para la captura de líderes de organizaciones criminales, sus revelaciones serán muy apreciadas.
Cabe indicar, que en situaciones generadas por corrupción de funcionarios como los casos de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, donde circuló dinero negro, proveniente de sobornos y de aportantes económicos , en el caso de Keiko, durante las campañas políticas y acusaciones de lavado de activos fueron presentadas, luego de un largo proceso de investigación por los fiscales.
En tanto, La justicia no hace distingos cuando investiga y condena a quienes están involucrados en temas como Odebrech, Obrainsa y otros, donde no se trata de acciones criminales, como dar muerte a personas durante un atentado, sino delitos económicos, que afectan a más de un país, basta que alguien cometa dolo administrativo que involucre al estado para que sea condenado.
Si no vean lo que viene pasando con la ministra de Inclusión social Dina Boluarte, que por firmar documentos privados, estando en gestión de gobierno, fue acusada por la contraloría y hoy se encuentra a punto de ser destituida de su cargo, en el caso de Pedro Castillo, y la primera dama, pesa una investigación por plagio, a pesar que evitaron declarar, por lo cual ella será sancionada.