En el informe del CIDH, se menciona los hechos violentos registrados entre diciembre y enero
En una conferencia de prensa, el equipo legal voluntario de Derechos Humanos, y Aprodeh, dieron detalles del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, y exigen que el Estado cumpla con las recomendaciones que se describen en el documento para que las víctimas y afectados de las protestas en Apurímac encuentren justicia.
En el informe del CIDH, se menciona los hechos violentos registrados entre diciembre y enero, donde hubo el uso desproporcional de la fuerza de parte de los agentes policiales durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Recordaron que, a partir del 7 de diciembre de 2022, ciudadanos en Apurímac iniciaron protestas por su disconformidad con el contexto político. A partir del 10 de diciembre, se perpetró la masacre de Apurímac, específicamente en Andahuaylas y Chincheros. En cinco días, se contabilizaron seis fallecidos, 83 heridos y decenas de detenidos, los mismos que fueron torturados y fueron víctimas del abuso de autoridad.
Las personas fallecidas fueron victimadas por proyectiles de armas de fuego. Dos de ellos eran adolescentes, algunas de las personas heridas tendrán secuelas que los acompañarán toda su vida. Además de las muertes y heridos, en la región hay personas que se encuentran criminalizados con procesos legales y una persona natural de Andahuaylas que se encuentra en el penal cumpliendo prisión preventiva por 6 meses y sus familiares exigen su libertad.
Al mismo tiempo, el equipo legal manifestó que continuarán haciendo incidencia con la CIDH, porque existe hechos que no están contemplados en este informe, como el caso de la presunta emboscada y ejecución extrajudicial ocurrida en Iscahuaca donde perdió la vida el joven Denilson Huaraca Vílches (22).
Entre las conclusiones del CIDH se informa que hubo violación de Derechos humanos, donde los policías y militares realizaron un uso desproporcional y letal de la fuerza, que provocó la muerte de 49 personas y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Entre las recomendaciones manifiesta al Estado peruano que las investigaciones se realicen de manera diligente por fiscales especializados en derechos humanos y los juzgamientos sean por tribunales imparciales en plazos razonables.
