14 junio, 2024

Misión internacional de abogados

Lo señalan después de escuchar testimonios en Lima, Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco sobre la muerte de 62 personas en el marco de las protestas y la crisis política.

En conferencia de prensa, donde presentaron un resumen del informe preliminar respecto a la visita que hicieron a Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco, los juristas de la Misión internacional de observación y defensa de los derechos humanos en Perú concluyeron que en el país se produjeron graves vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, se ejecutaron detenciones arbitrarias, tratos crueles y prácticas repudiables que deben ser investigadas y sancionadas.

La Misión, integrada por los abogados Camilo Pérez Bustíos (Estados Unidos), Verónica Peralta Piña (México), Vivian Lagrava Flores (Bolivia), José Antonio Foronda (Perú), Julio da Silveira Moreira (Brasil), Edwin Gil Cárdenas (Colombia) y Sarita Gómez Castellanos (Colombia), refirió que son muchos los casos de víctimas cuyas carpetas no tienen el debido seguimiento.

Respecto a la recientemente instalada Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca, mencionaron que el nuevo fiscal escuchó los planteamientos que le presentaron, pero que en ese despacho se pronunciaron en la misma línea de darle tratamiento de delito común a crímenes de lesa humanidad, tal como lo maneja la fiscalía en Lima.

“Lo que vemos es un patrón sistemático, generalizado, de vulneración grave de los derechos humanos y también de los derechos colectivos de los pueblos. Lo importante aquí es la falta de respuesta adecuada de parte del Estado peruano en su conjunto, incluyendo a las fuerzas policiales, militares, que también refleja un patrón de impunidad inaceptable dentro del marco del derecho internacional”, sostuvo Camilo Pérez Bustíos, coordinador de la Misión.

Anotó que esta vulneración de derechos humanos implica responsabilidades, no solo de funcionarios y autoridades que ejecutaron órdenes ilegales en el terreno, sino del Estado peruano como tal. Y en ese sentido, consideró que se está regresando a las peores épocas de la historia peruana en los años 80 y 90.

“De todo lo que hemos escuchado aquí en el terreno, de testimonios y de expertos, es el legado persistente de las políticas de terror estatales que en efecto se mantienen y que están resucitando en este momento de crisis”, precisó quien también es director ejecutivo del Gremio Nacional de Abogados en Estados Unidos.

Pérez Bustíos agregó que están aplicando los principios de Nuremberg, de los juicios a criminales nazis en 1945, que son los principios de jurisdicción universal aplicados después a casos como el de Augusto Pinochet en Chile o Efraín Ríos Montt en Guatemala, y de alguna manera en el caso de Alberto Fujimori.

“Nos comprometemos a tareas específicas de seguimiento aqui en el Perú. El proceso de la Misión hoy cierra una primera etapa, continuará en el tiempo y en el espacio durante los próximos meses”, afirmó Camilo Pérez.

Por su parte, la ex congresista María Elena Foronda dijo que con ayuda de los abogados internacionalistas esperan llevar los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos ante los fueros internacionales para establecer responsabilidades y lograr justicia.

“No puede ser que en más de 20 años tengamos 160 personas asesinadas con total impunidad. En los últimos tres meses hay 62 personas fallecidas y no hay una sola persona en la cárcel responsable de esos delitos. Esto no puede continuar”, cuestionó.

Foronda expresó su preocupación sobre la posibilidad de que haya más muertes porque no ve en Dina Boluarte ninguna voluntad política de renunciar al cargo para pacificar la protesta social, a pesar de que el 70% de la ciudadanía lo pide, según las encuestas.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO

Entre las recomendaciones que esta misión hizo al gobierno están el adelanto de las investigaciones para identificar a los agentes que vulneraron el derecho a la protesta pacífica y causaron muertos y heridos. También, establecer la responsabilidad de quienes agredieron o asesinaron a miembros de la policía.

Pidieron que se garantice el derecho a la defensa jurídica, la presunción de inocencia y el debido proceso de los encausados. Que la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos sean apoyadas para la defensa y la realización de peritajes con el fin de determinar los hechos y obtener justicia.

Asimismo, que se permita el acceso a materiales probatorios, informes periciales e historias clínicas a los equipos jurídicos para el esclarecimiento de los hechos.Además, se promueva la atención médica de las víctimas, ya que meses después hay personas con balas en el cuerpo.

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