22 junio, 2024

Cuando en un país nada menos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pretende defender la institucionalidad democrática avalando un organismo manejado de manera ineficiente, inconstitucional, arbitraria y corrupta, significa que algo muy grave está ocurriendo con la percepción que desde el extranjero se tiene de esa nación.

Esto es lo que acaba de ocurrir con un reciente informe del FMI sobre el  Perú en el que exhorta al Estado  peruano a “garantizar la eficacia de la Junta Nacional de Justicia y salvaguardar su independencia” y en el cual aparece un nuevo y sorprendente elemento de juicio para justificar la absoluta incapacidad de la JNJ en la solución del grave problema de la existencia de un 40 por ciento de jueces supernumerarios (según el defenestrado Aldo Vásquez): que el Estado no le ha adjudicado los recursos necesarios para nombrar magistrados titulares.

Por cierto, cero punto cero balas sobre las violaciones constitucionales protagonizadas de manera flagrante por los integrantes de la JNJ, su evidente y censurable parcialización política y visible violación del debido proceso cuando se trata de defender sus intereses personales y de grupo (caviar): porque, claro está, debemos diferenciar meridianamente entre la propia institución y quienes la integran y manejan, en este caso a su antojo y conveniencia.

Para quienes redactaron la invocación del FMI –obviamente manipulada por los caviares de la propia JNJ– el problema central del sistema judicial  peruano no es la corrupción: no mencionan el tema en su distorsionada defensa de los autores ocultos del texto como tampoco son capaces de cuestionar por qué la JNJ caviar no ha hecho nada sobre la materia y cómo es que la justicia en el  Perú a duras penas existe para quienes no tienen vara o plata para coimear o influencia política o mediática.

El largo brazo de los caviares ya hace tiempo que se apoderó del sistema interamericano de Derechos Humanos –del cual debemos salirnos mientras continúe siendo una instancia de esa mafia– y extendió sus tentáculos a ciertos organismos de Naciones Unidas y, por cierto, ha crecido enormemente en los últimos años en nuestro Poder Judicial como lo demuestran los recientes fallos de flagrante inconstitucionalidad mediante los cuales se han beneficiado dos violadores constitucionales: las doctoras Inés Tello y Zoraida Ávalos, a costa de la magra credibilidad de una judicatura que compite en desprestigio con el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Jurado Nacional de Elecciones.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie espera que haya justicia para todos y debemos seguir dando la batalla para que así sea.

 

(*) Presidente de  Perú Acción

Presidente del Consejo por la Paz

 

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