14 junio, 2024

En memoria de 10 personas detenidas el 26 de abril de 1990

 En memoria de 10 personas detenidas el 26 de abril de 1990 en Chumbivilcas (Cusco). Llevadas al cerro Capullullo y ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército de la Base Militar de Antabamba, Apurímac.

  1. Julio Huamaní Huisa
  2. José Eusebio Huamaní Charccahuana
  3. Jesús Jauja Sullo
  4. Julio Apfata Tañire
  5. Eustaquio Apafata Salhua
  6. Juan Huisa Pacco
  7. Zenón Huisa Pacco
  8. Marcos Zacarías Huisa Llamocca
  9. Gregorio Alferes Triveño
  10. Marcos Torres Salhua

Los hechos transcurrieron entre el 19 y 30 de abril de 1990 en la provincia alta de Chumbivilcas, en Cusco. Una patrulla del ejército al mando del teniente Alan Olivari Medina, apodado “Negro”, partió de la base militar de Antabamba, en Apurímac, con la finalidad de “realizar una operación de inteligencia y de intervención en las zonas aledañas”. Sin embargo, el accionar militar estuvo marcado por una serie de arbitrariedades motivadas por sospechas, detenciones que en la práctica -como ha demostrado luego la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- tuvo su origen en un estigma hacia la población debido a su procedencia campesina, pobre y quechua hablante, a quienes veían como sospechosos de terroristas. Así, en su trayecto por diversas comunidades de Antabamba y Chumbivilcas, detuvieron -indebidamente- a varios campesinos, a quienes obligaron a desnudarse, para luego someterlos a interrogatorios, sumergirlos en el agua -de ríos o lagunas- y a la vez propinarles golpes o patadas, con el propósito de obtener declaraciones autoinculpatorias.

A pesar de que algunas personas fueron liberadas; otras, como consecuencia de esta forma de tortura, fallecieron y continúan desaparecidas. En ocasiones, obligaron a las y los detenidos a beber licor junto con una sustancia desconocida, la cual pudo haber causado la muerte de un campesino, quien falleció después de consumirla, como consta en el Informe Final de la CVR. Las mujeres detenidas sufrieron violación sexual, siendo que una de las víctimas fue ultrajada hasta por diez soldados. El 26 de abril se produjo la ejecución extrajudicial de diez personas detenidas, primero fueron llevadas al cerro Capullullo, y luego se les quitó la vida con una granada y disparos de ráfagas de armas de fuego. Días después, el 28 de abril, los pobladores denunciaron estos hechos ante la fiscalía, y desde aquella fecha las víctimas tuvieron que esperar varios años para que se reconozca la responsabilidad penal de estos miembros del Ejército.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de fecha 1 de marzo de 1996, reconoció la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, y a las garantías del debido proceso. Por ende, recomendó que se realice una nueva investigación de los hechos para determinar el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables, y que se pague una indemnización a los familiares de las víctimas. Posteriormente, en el año 2001, mediante un Comunicado conjunto entre la CIDH y el Gobierno peruano, este último se comprometió a buscar una solución integral a las violaciones determinadas en el referido informe, donde hasta la fecha no hay respuesta alguna.

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