14 julio, 2024

“Justicia que tarda no es justicia” dice el dicho, queriendo demostrar que el tiempo que se pierde no se recupera, y por el contrario en el camino, suceden diversos acontecimientos como la de la desaparición física de quien no soporto más y quedó abatida por la inercia y la insensibilidad de los hacedores de justicia, empero el fallo que condenó 12 años a Daniel Urresti, se dio finalmente.

El terco general del ejército retirado intentó quebrar la verdad con una serie de argucias, negando su participación en el deceso del corresponsal de Caretas, Hugo Bustíos, quien tenía estudios de bachiller en derecho y eso le permitía entender las leyes y apoyarse en ellas cada vez que cuestionaba excesos del ejército así como revelaba acciones armadas de terroristas de Sendero

Las investigaciones afirman que la viuda de Bustíos fue una víctima de esa justicia que tarda en llegar y que hoy desde el zenit viene celebrando el triunfo de la justicia, y así podrá descansar en paz junto a su cónyuge, en tanto, existen razones para cuestionar a los jueces que no quisieron ver más de sus narices y de no mellar una mirada distinta de la Corte el caso habría sido archivado.

La pregunta en ese contexto, se cae de madura, ¿cómo fue posible que se acallarán los elementos sólidos de testigos de los hechos que no fueron tomados en cuenta al impartir el primer fallo? que fue anulado para volver a juzgar al general arrogante, que despreciaba a sus enemigos políticos y ridiculizaba a la policía desde su cargo de ministro del interior, tras retahíla de crasos vejámenes.

La interrogante también la extendemos a los políticos hacedores de leyes y a los consentidores, que envueltos en ideologías radicales y otras, prefieren tapar el sol con un dedo y solapar a sujetos perniciosos que llegan al poder con antecedentes criminales como el caso de Daniel Urresti, que si bien participó en la lucha contra la subversión no fue ningún militar destacado en esa contienda.

En momentos que el país sigue en debate la investigación anti criminal, que cada vez ocasiona más muertos, el gobierno sigue en la cresta de la ola comprometiendo aún más su situación, pues además de no haber esclarecido los hechos violentos que perpetraron 60 muertos, por el contrario dos ministros participan con el Ministerio Público en la incautación de bienes de la UAP.

Lo cierto es que la presencia del ejecutivo en los afanes de investigación del Ministerio Público ha dejado muy mal parado al gobierno, que hasta hoy resiste los embates de la oposición por el soporte que tiene de parte de la oposición a la izquierda, para muchos esta situación ha buscado ningunear la extradición de Toledo, a quien temen que denuncie a los políticos corruptos del país.

Cuál es la estrategia de Dina Boluarte y sus ministros, al ofrecer respaldo a la fiscalía, con su presencia, ¿allanarse a la investigación como protagonistas políticos de los hechos, en busca de permisividad o ponerse a buen recaudo el estar comprometidos para tener penas benignas?, que tendrían que darse en un escenario post gobierno y un antejuicio de cinco años como dignatarios.

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