Carlos Iván Landa Kerschbaumer

La sub comisión de Acusaciones Constitucionales que preside la apepista Lady Camones Soriano no se dejó amedrentar por las posiciones asumidas por las izquierdistas Luque Bazán y Raymundo (Juntos por el Perú- Cambio Democrático) y votó abrumadoramente a favor del archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte respaldándola en su gestión política.

El Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, su expremier Pedro Angulo y los extitulares de Defensa y del Interior, Alberto Otárola y César Cervantes, respectivamente, “que los responsabilizaba por los muertos y heridos en las protestas registradas el congresista Edgard Reymundo, , pidió que el informe elaborado incorpore en sus conclusiones los alcances del documento de la CIDH. La propuesta, fue ampliamente rechazada”.

Como sabemos El Pleno del Congreso de la república “aprobó en enero formar una comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas por la supuesta vulneración de los derechos humanos en las protestas. Empero pese al tiempo transcurrido el referido grupo de trabajo — tenía 90 días para investigar— no se ha instalado aún”.

Está claro que los izquierdistas ya quisieran ver a Boluarte y Alberto Otárola “vestidos a rayas” culpándolos de las muertes de 60 peruanos, tras las asonadas violentas que convirtieron al país en un “polvorín” luego de desatarse inusitada violencia de parte de los seguidores de Pedro Castillo Terrones , en respuesta a la destitución del cargo del exmandatario tras su fallido Golpe de Estado.

La “rojería” no le perdona al gobierno de Dina Boluarte haber aplicado un sistema político que mantiene las estructuras económicas y sociales establecidas evitando así un cambio traumático como lo quiere la izquierda, esto es, realizando expropiaciones y nacionalismos, destruyendo los activos del país y echando por tierra los avances de la minería y el canon minero de gran prioridad.

Los socialistas del siglo XXI apuntan a la destrucción del Estado nacional para convertirlo en pluranacional como lo quiere Evo Morales y sus adeptos, y para esto participan en la conjura de d desestabilizar a todos los gobiernos democráticos como el peruano, para lo cual cuentan con el aval de los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, prestos a mantener la crisis.

La presencia de misiones políticas como de la OEA- Organización de los Estados Americanos y la CIDH- Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (paso preliminar antes de llegar a la corte) con composición de líderes de izquierda en su mayoría, fueron convocados para que informen a la región, sobre la ad ministración política en el Perú con un objetivo muy conveniente.

El presidente Pedro Castillo Terrones, desde el poder, antes de ser destituido generó una narrativa falsa, para sensibilizar a las organizaciones políticas internacionales, el mensaje era claro, dejar desubicado a la oposición y a los poderes de justicia, en busca de que los informes salieran a su favor tras evitarse que se realice una investigación prolija, y solo se tome en cuenta a los voceros.

En el caso del gobierno de Dina Boluarte, el premier Alberto Otátola, se atribuye la convocatoria de la CIDH, en busca de obtener un respaldo respecto a las acciones del gobierno en busca de contrarrestar la violencia enraizada en el sur del país para atenuar las acciones violentas y justificar la posición del actual gobierno como defensor del estado de derecho “el tiro le salió por la culata”.