Carlos Iván Landa Kerschbaumer
La solicitud de obtener delegaciones legislativas para emitir decretos legislativos con la anuencia del congreso, de parte del ejecutivo, se encuentra en debate y genera encendidas polémicas de parte de los actores políticos por efecto de que en muchos casos las normas no alcanzan a ser positivas, por lo cual son analizadas y/ o rectificadas por el congreso que tiene tal responsabilidad.
Precisamente su aprobación o negación del paquete de normas legislativas solicitadas, ha tenido su primer rechazo respecto al tema de seguridad ciudadana, de parte de Perú Libre, que es contrario a darle carta blanca al ejecutivo, generando un conflicto, habida cuenta de la necesidad de legislar que requiere el gobierno sobre el tema, ante el incremento de la criminalidad en el país.
Esto sucede en un momento álgido que viven los peruanos y que hace que los alcaldes de diversas jurisdicciones de Lima y provincias convoquen a una marcha exigiendo a la presidenta de la república Dina Boluarte que se encuentra participando en el foro de las Naciones Unidas (ONU) amplié el estado de emergencia decretado a 02 distritos de Lima y 01 de Piura al ámbito nacional.
Ante la situación criminal que existe en zonas de mayor población como San Juan de Miraflores que hace que muchos clamen su conversión a provincia, con más de 500 lugares de recreación, el gobierno ha considerado que tras el estado de emergencia decretado, que incluye el distrito de San Martín de Porras, se realice el cierre de actividades nocturnas, en el horario de 12 p.m. a 4 am.
Contra esto, los alcaldes, demandan continuidad comercial, aunque exigen la presencia de las fuerzas armadas, ante el déficit de efectivos policiales: “En mi distrito requiero 20 mil efectivos”, señalan, lo cual refleja una cierta psicosis, lo cierto es que el decreto de emergencia no alcanza a satisfacer a todos, por lo cual dicha exigencia se viene exteriorizando en cada población afectada.
La polémica no queda ahí, pues las autoridades locales sostienen que 60 días es muy poco para resguardar a la población y evitar los ataques de las bandas criminales, que en los últimos días lanzaron granadas y bombas molotov, incluso la policía evitó que un tercer caso se produjera tras la detención de dos extorsionadores, entre ellos un menor de edad venezolano que es inimputable
Así como los casos mencionados, se vienen dando otros, que han sido denunciados en medios de comunicación, y una vez más, aparece el “tren de Aragua” como principal banda criminal que participa en los hechos y que la policía no alcanza a consolidar su captura, mientras esto sucede se anuncia una auditoria a los armamentos de las fuerzas militares y policiales ante supuestos ilícitos.
Como se sabe a nuestras autoridades les sobra incompetencia y les escasea materia gris, siguen pateando el tablero en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común; sin existir un plan para terminar con la lacra de delincuentes foráneos y nacionales, que no solo se dedican a amenazar, sino matar; además existe la trata de niños, donde se involucra a un personal de salud.