14 julio, 2024

Presidencia de la Corte de Apurímac

El día jueves 13 de junio del año en curso, a horas 10.00, se llevó a cabo en el Auditorio José María Arguedas de la Corte de Apurímac una importante reunión de trabajo multisectorial que fue convocada por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a cargo del Mag. Erwin Arthur Tayro Tayro, a fin de tratar sobre el proyecto para la implementación del “PLAN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CON PRESTACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD – APURÍMAC TE QUIERO”, como acción de fortalecer la celeridad en la administración de justicia, atención célere de la ejecución de los procesos judiciales, dar cumplimiento a las sentencias y esencialmente que las penas impuestas cumplan su finalidad resocializadora, conforme a la Resolución Administrativa Nº 001744-2023-P-CSJAP-PJ, de fecha 29 de diciembre del 2023.

En dicha reunión, se contó de manera presencial con la participación del Director Regional del INPE Apurímac, Dr. Marco Antonio Cuellar Vásquez, Director Penal de Abancay, Lic. Raúl Ciprian Usca, Coordinadora de la Oficina de Medio Libre INPE, Psic. Diana Guevara Álvarez, Gobierno Regional de Apurímac, CPC. Cesar Abarca Vera, Frente Policial Apurímac, Cmdte. SPNP Elvis Baca Vargas, Decano del Colegio de Abogados, Dr. Cesar Lazo Ponceca, Responsable del Hogar de Ancianos, Madre Fany Duran Mejia, , Red de Salud de Abancay, Lic. Bety Escobar Hurtado, Dirección Regional Agraria, Ing. Edwin Cáceres Cervantes, Municipalidad Distrital de Tamburco, Abg. María Zanabria Baca, Alcalde de la Municipalidad C.P. Villa Ampay, Elio Concha Camacho, Abg. Betsy Milagros Huamaní Llimpi, Jefa de la Unidad de Servicios Judiciales,  Abog. Tania Rodas Benites, Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación, entre otras autoridades que estuvieron conectados de manera virtual en la plataforma CSJAP.

Con tal propósito, se ha sostenido reuniones de coordinación interinstitucional tanto en el mes de enero y mayo del presente año, arribando dentro los acuerdos, establecer la necesidad de contar con un gran número de instituciones receptoras a efectos de que los sentenciados de prestación de servicio a la comunidad cumplan de manera efectiva las sentencias impartidas y de esta manera se ejecuten en sus propios términos, buscando que dichas sentencias no queden como meras disposiciones escritas, toda vez que el objetivo fundamental es la resocialización o reinserción a la sociedad de los sentenciados.

Bajo tal contexto, teniendo conocimiento que las instituciones públicas, así como las instituciones privadas sin fines de lucros carecen de los recursos para la atención de servicios de acondicionamiento, limpieza y otras labores ordinarias dentro de su institución; se ha considerado importante que a través de la prestación de servicios comunitarios por parte de los sentenciados, dichas instituciones pueden acceder a ser beneficiarias con tales trabajos.

En el Art. 28° del Código Penal, se clasifica las penas, en la pena privativa de la libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos y la pena de multa ‘ dentro de la anterior clasificación , la PENA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, que es la que mejor se ajusta al objetivo de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, para que sin dejar impune las infracciones penales materia de enjuiciamiento, se desarrolle una sanción que proporcione  bienestar social, como retribución del sentenciado a la sociedad que ha sido violentado.

Para la aplicación de la pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que sean públicos, asimismo que las penas de prestación de servicios a la comunidad también puede ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o sociales.

En ese sentido, es que se llevó a cabo la reunión de trabajo multisectorial con la finalidad de que se realicen las coordinaciones de incorporación y ampliación de entidades beneficiarias para la ejecución de penas de prestación  de servicios a la comunidad, del cual la mayoría se comprometió en ser unidades receptoras, surtiendo de esta manera los efectos esperados en beneficio de la sociedad en conjunto y en pro de un mejor servicio en la administración de justicia.

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