Ha caído como “un vaso de agua” el rechazo del presidente de la mesa directiva del congreso de la república, José Daniel Williams Zapata, respecto a la pretensión del gobierno de Pedro Castillo Terrones y del jefe de la PCM Aníbal Torres Vásquez, de desacatar la norma resuelta por el Tribunal Constitucional a favor del Legislativo, que establece el respeto a la autonomía del mismo.

Empero el mandatario y sus ministros, indican al congreso que les permitan ser escuchados para dar a conocer sus proyectos y sus planteamientos en busca de generar gobernabilidad y estabilidad en el gobierno, que se encontraría maniatado y que complicaría la toma de decisiones respecto a un tema que genera controversias, reacciones y discusiones, de parte de los poderes.

Según el gobierno, la decisión del TC deja “con las manos atadas” al ejecutivo, respecto a las criterios que requiere tomar el oficialismo para la ejecución de proyectos de necesidad pública ante la negativa, se exigiría plantear cuestión de confianza, tras ello, el legislativo ve como un gran peligro que el ejecutivo tome decisiones a ultranza que tendría como su plan “cerrar” el congreso.

Para el legislativo, no sería más que una “cortina de humo” para evitar las investigaciones que realiza el ministerio público contra los involucrados en hechos de corrupción, para lo cual se plantea al congreso de la república hacer suya la decisión de autorizar a dicho poder del estado para realizar acusaciones preparatorias, pues existen antecedentes y testimonios de informantes..

Según la fiscalía de lucha “contra los ilícitos del poder” el congreso debe hacer suyo el convenio internacional que exige ejecutar los hechos de corrupción que existen en los gobiernos de turno, que se encontrarían fuera del alcance del artículo 117 de la constitución política de 1993, que jamás imaginó que existan gobernantes con ilícitos de carácter criminal, lo cuales son intolerables.

En ese contexto, el congreso de la república a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales viene ultimando detalles para realizar el dictamen que corresponda para dichos efectos, con nuevos protagonistas del legislativo ante la decisión de separar a los parlamentarios que registren acusaciones con antecedentes de denuncias abiertas, los cuales deben ser retirados.

Esto ha generado una situación dilatoria, que debe ser autorizada por la comisión permanente del congreso de la república para luego plantearse las decisiones y planteamientos antes de llegarse al pleno, de ser aprobado el dictamen de permitir autorizar al ministerio público para proseguir con las investigaciones, y generar dejar sin efecto la protección al jefe de estado como a los aforados.

En tanto, la mesa directiva del congreso, ha decidido la exigencia de postergar la participación del pleno ante el anuncio de la marcha “para tomar Lima” con la participación de personajes cercanos al gobierno, la reacción del congreso busca evitar acciones de violencia contra los parlamentarios y los servidores, incluso contra las exigencias del ejecutivo para presionar respecto a sus demandas.