14 junio, 2024

En protestas contra Dina Boluarte

El organismo internacional sostuvo que hubo “uso desproporcionado, indiscriminado y letal” de parte del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en un informe emitido el 23 de abril que en el Perú se “registraron graves violaciones de derechos humanos” durante las protestas provocadas por el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

El documento de 113 páginas, al que accedió Perú21, se titula “Situación de Derechos Humanos en Perú el contexto de las Protestas Sociales” y es el resultado de la información recabada por la misión de la CIDH que llegó al país para evaluar la respuesta del Estado ante los ataques de manifestantes al sur del país.

“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, se lee.

Asimismo, se indica que en Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.

“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, añade el informe.

Respecto a lo sucedido en Juliaca (Puno), la CIDH señala que en esta ciudad se advirtió un “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”.

“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales”, concluye.

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