Carlos Iván Landa Kerschbaumer

No ha gustado para nada el derroche que hacen los poderes del Estado como el Congreso de la República y el ejecutivo que para cumplir con lo dispuesto por sus portavoces y ministros se han permitido atacar a fondo los recursos con que cuentan para satisfacer al sindicato de trabajadores y protegerse de los embates de los radicales extranjeros mediante las consultoría internacionales.

En el primer caso se anuncia el pago de S/. 9,900.00 a cada uno de los servidores públicos del legislativo, “no es para los congresistas” se apuran a señalar, ante el carga montón de críticas que reciben a diario los padres de la patria, como son comilonas, viajes al exterior, viáticos de representación, y otros, a lo que se suman la friolera de S/. 35,6 millones para 3,600 trabajadores

El segundo caso es mucho más cuestionado, habida cuenta que el gobierno de Dina Boluarte ha echado mano a la caja fiscal para desembolsar 110 millones para efectos de imagen institucional a favor del Estado peruano en contraprestación con una empresa norteamericana, que intentará lavarle la cara al gobierno central y procurar atenuar la campaña política en contra de la gestión.

Los poderes del Estado, como puede notarse no dejan de estar activos, recientemente el Congreso de la República recibió al presidente del Poder Judicial y representantes del Ministerio Público, pues como sabemos, pasan por momentos complicados en el ejercicio de sus funciones por los exiguos recursos que le asigna el gobierno, que serían insuficientes para cumplir con los procesos.

Como sabemos, tras las asonadas violentas perpetradas durante las protestas del 7 de diciembre de 2022, luego del mensaje presidencial del expresidente José Pedro Castillo Terrones, que derivó en un Golpe de Estado, se produjeron ataques y sabotajes contra los bienes públicos, como aeropuertos, comisarías y locales del poder judicial y fiscalías a las que incendiaron y destruyeron

Ante ello, la tarea de restituir lo dañado se ha trasladado a los gobiernos locales y regionales que tendrán que echar mano a sus presupuestos para generar infraestructura y construir nuevas sedes de los poderes de justicia, para lo cual han sido autorizados los alcaldes a tomar parte de sus recursos y cumplir la tarea de reponer lo destruido lo que implica contribuir en seguridad pública.

Empero esta situación demandará gastos importantes, y distraerá recursos de las partidas que estaban consideradas para la ejecución de proyectos diversos que requieren las poblaciones de los distritos más alejados, dicha disposición genera interrogantes, como justificar la incapacidad de los gobernantes para ejecutar sus presupuestos y no devolver la plata al estado, pues quedan saldos.

En tanto el gobierno de Dina Boluarte se reunió con las dirigentes del vaso de leche recordando a Alfonso Barrantes Lingán “frijolito” creador de dicho programa cuando fue alcalde Lima, y anunció la entrega de 100 millones de soles, para fortalecer el mismo, en procura que los menores puedan consolidar su alimentación en circunstancias muy desfavorables para la nutrición en nuestro país.