El último fin de semana el pleno volvió a rechazar el adelanto de elecciones una vez más, pese a que varios portavoces de partidos políticos reunieron las 66 adhesiones que fija el reglamento del congreso, única herramienta que obliga a reabrir el debate de la propuesta política que busca concluir la gestión congresal y del ejecutivo, respectivamente, mediante el adelanto de elecciones.

Una reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, quien señalo que el acto era inconstitucional, lo que luego fue desmentido por el presidente de la mesa José Williams rechazando la versión, aunque fue aceptada la reconsideración de su partido, lo cual paralizó el debate y fijo fecha para que esta se vote en la legislatura del venidero marzo de 2023.

En consecuencia cualquier propuesta de elecciones que puedan presentarse no podrá hacerse si se aprueba la reconsideración planteada por Renovación Popular, entretanto, todo vuelve a fojas cero, a la comisión de constitución presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, pero para realizar un nuevo dictamen, no deberá considerarse propuestas anteriores, sino deben ser nuevas.

Mientras los congresistas visitan sus bases en su recorrido a las provincias en viaje de semana de representación, la comisión de constitución presidida por Guerra García deberá convocar a los representantes de las bancadas que postulan a que se haga realidad el adelanto de elecciones, que por presión de la calle viene forzándose, aunque hasta el momento todo parece infructuoso.

Empero, dadas las experiencias anteriores y la serie de reconsideraciones que han habido, nada puede asegurar que esta vez pueda haber humo blanco y lograrse la aprobación del proyecto, aunque antes tendrán que votar para que se archive la reconsideración planteada por el almirante Montoya, en tanto, nadie puede asegurar que en un supuesto contemos con mejores autoridades

Asimismo, mientras el candelero político arde y siguen apareciendo nuevos hechos mediante la investigación fiscal con el apoyo de la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente, se confirma a Pedro Castillo como cabeza de una organización criminal con Geiner Alvarado y otros, detectan una planilla dorada de 72 millones para pago de asesores y abogados.

En tanto, el gobierno de D ina Boluarte la tiene difícil, por la resistencia para entablar diálogo entre el ejecutivo y regiones, el anuncio de un real peligro se cierne contra el estado nacional por la manipulación que se vienen haciendo desde el frente externo internacional con personajes que tratan de favorecer a Pedro Castillo desde una narrativa falsa convalidando su golpe de estado.

De esta manera Castillo sabe que cuenta con aliados que desde el nuevo socialismo podrán asistirlo y podrá acudir a la CIDH para defender su derechos humanos contra la justicia peruana que está punto de acusarlo por corrupción de funcionarios y condenarlo por varios años de cárcel, es decir se busca generar impunidad contra un mandatario que actuó ruinmente para protegerse.

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