La Contraloría General de la República revela que se ha detectado más de S/ 10 millones 500 mil de perjuicio económico en la región de Apurímac, como resultado del balance del año 2020, correspondiente a los 21 servicios de control posterior efectuados a diversas entidades públicas, entre servicios de control específico y auditorías de cumplimiento.
La Gerente Regional de Control de Apurímac, Indira Yábar Gutiérrez, en conferencia de prensa virtual, informó que se identificaron 310 presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas, a un total de 185 funcionarios o servidores de la región, durante el año anterior. Cabe precisar que un funcionario o servidor podría estar identificado por un mismo hecho irregular en más de una responsabilidad.

En UGEL Andahuaylas se detectó un perjuicio económico de más de 6 millones con presunta responsabilidad penal y administrativa en 21 trabajadores

Asimismo, Yábar Gutiérrez manifestó que a nivel regional, se registraron 635 servicios de control simultáneo y posterior concluidos, de los cuales 414 corresponde a informes de control emitidos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Dicha información está a disposición de la ciudadanía en la plataforma virtual «Velocímetro de los servicios de control» para la consulta y observación en línea de la producción del control gubernamental, facilitando la búsqueda y disposición estadística de los servicios de control programados, en proceso y concluidos.
INFORMES EMBLEMÁTICOS
En la Unidad de Gestión Educativa Local Chanka Andahuaylas, a través del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 10155-2020-CG/GRAP-AC, se detectó un perjuicio económico de S/ 6 839 225,25, con presunta responsabilidad penal y administrativa en 21 trabajadores, debido a que funcionarios y servidores aprobaron y ejecutaron el pago del incentivo único con montos y escalas superiores a los legalmente aprobados, durante los años 2017, 2018 y 2019.
Asimismo, se evidenció pagos por movilidad, asignación alimentaria y por concepto de la continua del Decreto de Urgencia N° 088-2001 (este último, amparado indebidamente en sentencia judicial), bajo el supuesto de incentivo laboral a favor de trabajadores administrativos de la UGEL, en forma simultánea al incentivo único que se otorga a través del Cafae, contraviniendo las normas legales.
Mediante el Informe de Servicio de Control Específico N° 014-2020-2-5367-SCE al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, se observó que en los meses de marzo a junio del 2020, funcionarios y servidores autorizaron y pagaron por concepto de guardias hospitalarias no realizadas a favor del personal profesional de la salud, que se encontraban de licencia con goce haber por ser personal de riesgo, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, generando un perjuicio por S/ 135 567,09.
En el Hospital Sub Regional de Andahuaylas, se identificó que funcionarios mediante un acuerdo conciliatorio devolvieron a contratista el cobro de penalidades, al margen la normativa de contrataciones, ocasionando un perjuicio a la entidad por S/ 174 065,35; hallándose presunta responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarios, el cual se detalla en el Informe de Servicio de Control Específico N° 014-2020-2-5603-SCE.
Según el Informe de Servicio de Control Específico N° 020-2020-2-0351-SCE a la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, se advirtió que en la construcción de la Tribuna 02-B de la obra de mejoramiento y ampliación del Estadio Municipal de Coyllurqui, se ejecutaron partidas no programadas, incumpliendo las especificaciones técnicas y los planos de detalles del expediente técnico; así como, la incorrecta implementación del proceso constructivo, por parte del supervisor y residente de obra, ocasionando la aparición de grietas, fisuras y desprendimientos en dicha estructura, generando un perjuicio por S/ 293 285,82.
Los resultados de los informes de control posterior, que corresponden al año 2020, fueron notificados a los titulares de las entidades para el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan; asimismo, se recomendó el inicio de las acciones legales ante las instancias competentes.
En aras de la transparencia y acceso a la información, los informes de control se encuentran publicados en la página web www.contraloria.gob.pe, en la sección Transparencia e Informes de Control.
Por otro lado, la Gerencia Regional de Control de Apurímac, de acuerdo al Plan Nacional de Control 2021, tiene tiene programado 89 servicios de control, de los cuales 32 corresponden a informes de control posterior y 57 a informes de control simultáneo.
BALANCE NACIONAL
En el 2020, la Contraloría General identificó 9098 presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas, que corresponden a 5371 funcionarios o servidores públicos.
En el año anterior, la entidad fiscalizadora registró 25 654 servicios de control concluidos (previo, simultáneo y posterior), de los cuales 6980 corresponden al gobierno nacional, 3776 a gobiernos regionales y 14 898 a gobiernos locales.
De esa cifra, 11 516 corresponde a informes de control realizados en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

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