Compra de tablets para la educación rural se cae y se planea reiniciar el proceso

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La administración Vizcarra prometió que la distribución de las tabletas se haría a fines de julio, no obstante la compra se cayó ante la falta de respaldo financiero de la empresa proveedora.
Se cae compra. El anunció del presidente Martín Vizcarra de la adquisición de tabletas para destinarlas a la educación rural y urbana en situación de pobreza está cada vez más lejos, dado que el Ministerio de Educación decidió no concretar el contrato con la empresa Topsale SAC para la compra de las tabletas de la marca Lenovo -que ganó la licitación vía contratación directa- debido a que no tenía vínculo comercial con la casa matriz (Lenovo China) ni tampoco presentó la carta fianza dentro del plazo establecido.
A través de un comunicado, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que «emprendió acciones adicionales de oficio» a fin de constatar el vínculo comercial entre Topsale SAC y la casa matriz fabricante de los equipos informáticos (Lenovo China).
«Como resultado de esta verificación, la casa matriz negó tener algún vínculo con la empresa mencionada», dice el Minedu.
Cabe precisar que esta afirmación se contradice con otro comunicado del Ministerio de Educación -emitida el 8 de julio a raíz de las denuncias del portal de investigación El Foco- en la que alega que la empresa Topsale SAC había acreditada ante el Minedu su vínculo comercial con la casa matriz (Lenovo China) y que para ello presentó una comunicación oficial en la que también se señala expresamente que Lenovo China otorga a Topsale la representación para proveer la garantía de fábrica y el soporte técnico correspondiente dentro del periodo de 18 meses previsto como garantía.
CARTA FIANZA
La falta del vínculo comercial no es la única razón para que la compra se caiga. El ministerio informó -además- que Topsale SAC no cumplió con presentar la carta fianza dentro del plazo establecido que expiró el 21 de julio.
«Ante estos incumplimientos, el Minedu informó a Topsale SAC su decisión de no realizar el contrato. Asimismo, se han dispuesto acciones legales contra la empresa (ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Procuraduría Pública del Minedu) para determinar su responsabilidad», aseguró el Minedu.
Ante esta situación, aclaró que ya inició una nueva ruta de contratación -lo que implica que se va realizar una nueva licitación- con la finalidad de adquirir los equipos y «hacerlos llegar a sus beneficiarios en el plazo más breve posible».
Cabe recordar que el ministro de Educación, Martín Benavides, aseguró que la distribución se iniciaría a fines de julio y culminaría a finales de setiembre.
EL PROCESO
El Minedu aseguró que «tras revisar todas las ofertas» en el proceso de licitación «la empresa Topsale SAC fue el único postor que presentó una propuesta que ofreció cumplir los requerimientos establecidos en las bases del proceso para la adquisición y distribución de 12 056,430 tabletas, 203,080 cargadores solares y 565,482 planes de datos dirigidos a estudiantes y docentes».
El portal de investigación El Foco dio cuenta que la licitación comenzó el 7 de junio, la que ha tenido dos convocatorias y que a lo largo del proceso, empresas como Telefónica y Claro pidieron ampliar el plazo de la licitación para poder participar, pero el Ministerio de Educación se negó.
La empresa que ganó la licitación (Topsale) se fundó con S/ 10,000 de capital, con 16 trabajadores e incluso se acogió a la suspensión perfecta, según la Contraloría que alertó posibles riesgos.
«El 9 de julio, el Minedu solicitó a Topsale SAC., como condición previa e imprescindible para llevar a cabo la contratación, la presentación de una carta fianza por el 10% del monto total del contrato. Asimismo, le solicitó que acredite, de manera fehaciente, su relación comercial con el fabricante de las tabletas y los cargadores solares, así como su capacidad de brindar la garantía y el servicio posventa, establecidos en las bases», acotó el Minedu.
El ministerio recordó que el requisito de la carta fianza, como paso previo a la contratación directa, fue establecido en las bases del proceso como una forma de certificar la solidez financiera de la empresa y, de esta forma, asegurar el cumplimiento del contrato y proteger los recursos públicos.

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