Desde que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, cometiera golpe de Estado, disolviendo al Congreso de la República, injustamente, ha discurrido el tiempo necesario para seguir criticando la polémica actitud del otrora jefe de Estado, quién permitió con una denegación fáctica abusiva dejarnos sin legisladores y siendo gobernados por decretos leyes de manera peligrosa y tiránica.

Le cupo entonces protestar a los partidos democráticos, representados por el expresidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea Álvarez Calderón, asumir la representación nacional en su condición de ser el último presidente del Congreso de la República, quien venciendo obstáculos presentó un recurso competencial buscando retrotraer la decisión de Vizcarra, pero el TC lo negó.

Durante cuatro meses el gobierno usurpador de Martín Vizcarra hizo y deshizo con su poder absoluto emitiendo decretos de urgencia impopulares o cuestionados, todo el paquete de normas emitidas pasaban a la comisión permanente para revisarlas, pero era mero trámite, pues no se generaban decisiones que pudieran enmendar la plana; la responsabilidad era del nuevo congreso.

Esta situación hizo, que en este congreso 2021-2026, actualmente en funciones, se analizara el tema; al anterior congreso no le alcanzó el tiempo para cambiar la historia, porque la congresista Mirtha Vásquez Chuqulín, que ocupaba la presidencia del congreso, se opuso a una 4ª. Legislatura. Hoy con el tiempo necesario el actual parlamento ha decidido redimir sus derechos congresales.

La necesidad de que “el suelo este parejo” y que nadie salga beneficiado, avasallando al contrario durante la ejecución de acciones, hizo necesario regular la cuestión de confianza, herramienta que busca detener las medidas del gobierno nacional, cuando estas son desproporcionadas, de esta forma el pleno del congreso aprobó delimitar los excesos del Ejecutivo sobre el legislativo.

La lucha política entre los poderes del Estado había generado desde hace mucho tiempo que no se pueda realizar una labor acorde a lo que ordena la Constitución Política del Perú (carta 1993) cuando el congreso trataba de fiscalizar, investigar, o censurar a una autoridad sectorial por bajo desempeño o antecedentes dañinos, el Ejecutivo amenazaba con hacer cuestión de confianza.

Empero, no bastaba al Ejecutivo con anunciar el otorgamiento de la confianza a favor de los funcionarios del gobierno, representados por la PCM, sino que además se atacaba a las normas constitucionales, respecto a ello, la comisión de constitución indicó que la actual regulación de la confianza, mediante una ley de desarrollo constitucional restablece las prerrogativas congresales.

Vuelta atrás. Como ha sucedido en otras gestiones del gobierno nacional, se vuelve a tramitar ante el Tribunal Constitucional una acción que permita dejar las cosas en el estado anterior, es decir que con dos cuestiones de confianza planteadas por el Ejecutivo, estén en condiciones de disolver al congreso, lo cual en la situación actual sería negativa, porque estaríamos a merced de radicales.

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