Todo acto que procure el riesgo de la salud de los pacientes con Covid-19, que son asistidos con respiración artificial y/o están entubados, lo que demuestra la gravedad de su estado de salud, debe considerarse criminal, y en esto los transportistas abonan, al no permitir la distribución de oxígeno, debido al bloqueo de carreteras, lo cual se realiza con una serie de situaciones vandálicas.

Los medios de comunicación demandaron una y otra vez a los testarudos dirigentes, que ofrezcan garantías para el libre tránsito de proveedores de oxígeno y de ambulancias para los enfermos, que aceptaron cumplir pero de mala gana, por lo que fueron obligados a dirigir el mensaje a sus bases del interior de la república, que vienen ejecutando la protesta en medio de algunos excesos.

La protesta de los trabajadores del volante, no puede ser reconocida si de por medio está la vida humana, este solo hecho descalifica la demanda social, pues además vulnera las normas que prohíben el bloqueo de las vías públicas, los dirigentes de transportes, como ocurre con otros gremios, actúan con demencia, quemando llantas y evitando el traslado de pasajeros a su trabajo.

Los dirigentes de transporte para llegar a esta medida extrema han considerado el alza de combustible, que responde a precios internacionales, según el gobierno, pero además exigen la reducción del costo de los peajes, lo que es otro problema, porque existen contratos que respetar, la intransigencia en el tema, hará nuevamente al gobierno realizar sus consultas constitucionales.

El tema se torna grave, cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos y afectan la economía, como es el caso, pues existen productos perecibles en cada traslado de carga sobre todo de alimentos que ante la disminución de la misma, tiene que encarecer los escasos productos que llegan, la continuidad del paro, encendió las alarmas ante la llegada de un nuevo lote de vacunas.

El colmo, los piquetes que fueron formados por los dirigentes del transporte nacional, obstruyeron el libre paso de los peatones, que ante la urgencia de llegar a su destino, tomaron la decisión de caminar por varios kilómetros, pero fueron intimidados por los protestantes, otro hecho insólito registrado fue impedir el desembarque de contenedores de embarcaciones del puerto del Callao.

Con estas acciones, de parte de los revoltosos se colige que el gobierno muestra incapacidad para detener la medida social de los transportistas, que exigen la presencia no solo del ministro del sector para llegar a acuerdos si no de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, incluso del ministro de Economía Waldo Mendoza para ofrecer soluciones a la intrincada protesta.

Empero, mientras la calle siga elevando su voz, generando gritas y violencia social, el país volverá a la inestabilidad, una situación aguda que deteriora la tranquilidad pública y genera intemperancia en tiempos de la lucha contra la pandemia galopante, las campañas electorales y el peligro del desabastecimiento de productos; no existen dudas que los peruanos somos muy autodestructivos.

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