Luego de las elecciones del 11 de abril, los peruanos deberíamos estar tranquilos en espera del ganador de la segunda vuelta que se dilucidará entre el docente cajamarquino Pedro Castillo Terrones y la administradora de empresas limeña Keiko Fujimori Higuchi, dos antagonistas que a través del ojo público, generan muchas discordias respecto a los planteamientos de uno y otra.

En tanto existen ciertos ciudadanos comunes y corrientes que no ven más allá del espejo en que miran, que puede ser estrecho o amplio; aunque el tema del pasado político genere asonadas violentas y anticuerpos por casos de corrupción, respecto a cada tema, algunos electores no asumen que los cambios podrían ir acompañados de la destrucción del sistema d democrático.

La preservación del modelo económico y las políticas públicas, gusten o no, son un presupuesto social que ha logrado sostenerse en el tiempo y es por esto que los gobiernos de turno los han mantenido inalterablemente, por lo cual, es muy complicado que se busque otra opción, porque para que ello se produzca tiene que haber una reingeniería, que puede descolocar a todo el país.

Los candidatos que pugnan por alcanzar la presidencia de la república debe analizar el contexto; realizar una revolución política y social, significa cambiar muchas cosas, que de repente el país no está preparado para sostenerla, de ahí que el supuesto cambio de la constitución podría paralizar el ejercicio congresal; una asamblea constitucional se realiza en la fecha previa a las elecciones.

Empero esto no es nuevo en el país, la constituyente de 1979 se realizó un año antes, en circunstancias que el Perú se aprestaba de recibir el poder de manos de Remigio Morales Bermúdez, en preparación de las elecciones de 1980 que ganó el arquitecto Fernando Belaunde Terry, entonces se contaba con espacio para llevarla adelante, porque el poder estaba confiscado.

Sin embargo hubo otras situaciones que ocurrieron en el contexto político de nuestro país, como el recordado Congreso Constituyente Democrático (CCD) que se instaló en el Perú luego de que el presidente Alberto Fujimori disolviera el Senado y la Cámara de Diputados en 1992, tras un autogolpe de estado. Su real función fue dar una nueva Constitución, supliendo a la de 1979.

Como corolario, el gobierno asumió la totalidad del poder, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales. El autogolpe de Fujimori contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, por el descrédito en que habían caído los partidos políticos y los congresistas.

Un situación que se repite con el liderazgo de Pedro Castillo Terrones quien según las encuestas alcanza 41 puntos contra 24 de su contrincante Keiko Fujimori Higuchi; una vez más el pueblo lanza al ruedo a un candidato político en busca de solución a sus demandas sociales, como ocurrió en épocas de Fujimori, Ollanta y García las posibilidades de la izquierda vuelven a generar pánico.

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