En Cusco 239 servidores y funcionarios también recibieron canastas, sin importarles que otras familias no tenían nada para comer.
El contralor general, Nelson Shack, reveló que identificaron a 4,212 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional quienes habrían recibido canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, puesto que sus ingresos netos fluctúan entre los S/1,200 y los S/ 10,000 mensuales.
En conferencia de prensa, Shack Yalta precisó que el cruce de información en línea del portal “Monitor de control y transparencia COVID-19” con la data de diversas entidades del Estado permitió conocer que 1,055 funcionarios y servidores públicos tienen ingresos netos que oscilan entre los S/ 1,200 y S/ 2,000 mensuales, otros 2,477 reciben entre S/ 2,001 y S/ 3,000, y 627 registran ingresos entre S/ 3,001 y S/ 5,000.
El contralor general dijo que “sorprende que 53 funcionarios públicos que perciben ingresos netos mayores a los S/ 5,000 figuren en el registro de beneficiarios de canastas, las cuales nunca debieron recibir por no encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Incluso hay dos funcionarios que perciben ingresos superiores a S/ 10,001 mensuales”, detalló.
Estos funcionarios (con ingresos mayores a los S/ 5,000) laboran en 38 entidades públicas adscritas a los Gobiernos Regionales y al Gobierno Nacional.
Precisamente, se detectó que diez de estos funcionarios laboran en las entidades del Gobierno Nacional. Entre ellas: Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Corte Superior de Justicia de Ica, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, Instituto Nacional Penitenciario – Sede Central – Administración Lima, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.
Mientras que entre las entidades de nivel regional figuran: Gobierno Regional de Piura – UGEL Huancabamba, Gobierno Regional de Huancavelica – UGEL Churcampa, Región Loreto – Educación Mariscal Ramón Castilla, Gobierno Regional de Ucayali – Educación Coronel Portillo, Región Apurímac – Educación Cotabambas, Región Cajamarca – Educación Cutervo, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entre otros.
“Este número (4,212) va a ir creciendo porque este es el primer resultado de análisis de los funcionarios y servidores que han recibido canastas básicas pero que tienen haberes propios de planta, y falta ver qué ha ocurrido a los trabajadores CAS y los locadores de servicios, así como las contrataciones de los gobiernos locales”, mencionó.
Por regiones
A nivel de regiones, la mayor cantidad de funcionarios y servidores públicos beneficiados con la entrega de canastas de víveres se ubican en Lima con un total de 583 (14% del total). Le siguen las regiones de Loreto con 11% (482), Piura con 9% (370), Junín (252), Cusco (239), Huancavelica (219), Ayacucho (207), Áncash (203), La Libertad (200) y Apurímac (198).
Tomando en cuenta solo los 680 funcionarios que reciben ingresos mayores a S/ 3,000 mensuales y que recibieron su canasta de víveres, tenemos que la mayor cantidad está en Loreto con 100, de los cuales 97 reciben entre S/ 3,001 y S/ 5,000 y tres perciben entre S/ 5,001 y S/ 10,000; seguidos de 77 ubicados en Lima, de los cuales 72 ganan entre S/ 3,001 y S/ 5,000 y cinco perciben desde S/ 5,001 hasta S/ 10,000.
Medidas que adoptarán
Shack Yalta anunció que la Contraloría General iniciará servicios de control posterior en los gobiernos locales que habrían distribuido canastas básicas familiares a funcionarios y servidores públicos a fin de determinar posibles responsabilidades.
Además, adelantó que entregará al Ministerio Público la información sobre estos 4,212 funcionarios y servidores públicos que recibieron canastas de víveres para que, dentro de sus competencias, inicien las acciones que correspondan.