Las últimas acciones que ocurren en el país, demuestran que la inmadurez, la insensatez y la falta de coherencia son un común denominador en la sociedad peruana, donde es evidente la falta de valores y el raciocinio, reaccionamos radicalmente ante cada situación que se presenta, y eso ocurre porque somos un país de jóvenes alborotados que responden a una situación generacional.

Las estadísticas demuestran que menos del 15 por ciento de pobladores son adultos mayores, lo que genera inexperiencia en la mayoría de habitantes, salvo excepciones, es por esto que ante cualquier situación que afecte la economía o la desestabilización social, acusamos el golpe, actuando con violencia, de manera descontrolada y autodestructiva y terminamos muy golpeados.

La respuesta a las situaciones de disconformidad social, son refutadas con acciones al límite, no importa las consecuencias que estas produzcan, lo que interesa son los objetivos que enfrentan y que estos sean positivos, lamentablemente cada asonada de los instigadores trae un saldo trágico con muertos y heridos, una situación para lo que exigen patente de corso, contra la criminalidad.

En esas condiciones es muy difícil negociar, habida cuenta que para logarlo se requiere estabilidad emocional, y ello es lo que está ausente en la mayoría de dirigentes que enfrentan al gobierno, Y aprovechan cualquier escenario para exigir sus demandas sociales, sin entender la gravedad de la actualidad nacional y solo para defender intereses, con una actitud descabellada y extremista.

Está claro, que en medio de las protestas sociales se producen situaciones que generan caos como el ataque a los bienes públicos y privados, que jamás son resarcidos, por lo cual el derecho a la huelga debe ser regulado con sanciones a los responsables, pues debe evitarse el ataque cruzado y utilización de fuego durante las demandas, que producen llantas humeantes que suelen utilizar.

La protesta social no puede ser liberada de castigo, si esta trae consecuencias trágicas, quienes son parte de las asonadas, deben de asumir que tienen una responsabilidad en la conducción de las masas a su cargo, y no actuar demencialmente, relevándose de los hechos que producen las medidas de fuerza, el costo social debe enfrentarse, pues quien golpea tiene que ser sancionado.

Nuestros funcionarios deben recuperar la autoridad en el momento de tomar las acciones contra quienes generen violencia física o psicológica y pongan en peligro a los ciudadanos, afectando su tranquilidad y su acceso a la alimentación, obligando al cierre de actividades por sus acciones violentas que producen los extremistas, las soluciones deben darse en marco de la ley y el respeto.

Una sociedad en desarrollo, no puede eximirse de la participación de sus ciudadanos en busca de la prosperidad, en ese contexto las acciones fundamentalistas no deben ser parte del pregón social. En época del coronavirus, lo primero que debe hacerse es cuidarse y preservar la economía, la lucha hoy es a favor de la vida y la economía, el aporte para salir de esto descarta los egoísmos.

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